¿Cómo hacer un acta de Reunión de Junta Directiva?
Gestión Empresarial, Perú, Noticias
Publicado en 22 de diciembre de 2022
La crisis política del Perú representa un riesgo empresarial, pero las empresas peruanas han alzado la voz para restablecer el orden.
El pasado 7 de diciembre, el Congreso del Perú destituyó a quien hasta entonces era su Presidente, Pedro Castillo. Al igual que había sucedido en el pasado con los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, el motivo de la destitución fue por la figura de “incapacidad moral”. Esta se contempla en la Constitución peruana para deponer mandatarios por votación mayoritaria en el congreso, por motivos relacionados a hechos de corrupción.
Luego de la detención, partidarios de Castillo iniciaron una jornada de manifestaciones, orillando al gobierno interino encabezado por Dina Boluarte a establecer un estado de emergencia por 30 días. Entre las medidas tomadas para apaciguar a los manifestantes, se contemplan la suspensión de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personales, y derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Como consecuencia de las manifestaciones, disturbios y bloqueos carreteros acontecidos hasta ahora, el Ministerio de Economía ha reportado daños económicos estimados entre 60 y 100 millones de Soles al día. También se espera un efecto temporal en la inflación, que actualmente es del 8%. Por otro lado, se estiman afectaciones de alrededor de 100 millones de dólares en el sector agroindustrial. Y, por si fuera poco, se ha percibido un mayor riesgo empresarial, lo cual podría implicar que se obstruya la atracción de las inversiones.
Las afectaciones al sector privado ya se han visto reflejadas en la mermada confianza para invertir. A partir de la destitución de Pedro Castillo y los posteriores disturbios, las calificadoras de riesgo S&P Global Ratings y Fitch Ratings han modificado sus perspectivas para Perú. Señalan la existencia de riesgos empresariales negativos en el país, por lo que llevaron la calificación del país de estable a negativa.
Ante el ambiente político y económico adverso, las empresas peruanas han seguido cumpliendo con uno de los propósitos del Gobierno Corporativo: demostrar confianza para atraer inversiones. Tras los daños económicos provocados por los manifestantes, algunos representantes del empresariado privado se han pronunciado al respecto.
La Asociación de Exportadores del Perú apoyó el decreto de estado de emergencia. Reconocieron que los actos vandálicos no ayudarán a resolver la situación, mientras respaldaron a la nueva Presidenta para que restablezca las actividades. Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas llamó al diálogo y a la unión para resolver el conflicto. Además, recordaron que la situación afecta a millones de personas que no pueden realizar sus actividades con normalidad.
Para la Sociedad Nacional de Industriales, la coyuntura actual es una oportunidad para reconstruir al país y retomar medidas para dinamizar nuevos sectores de la economía. De igual forma, pusieron sobre la mesa otros temas como la tercerización laboral, la alta tasa de informalidad y la reactivación de la inversión privada.
En la Mesa Redonda sobre Gobierno Corporativo en América Latina, organizada por la OCDE y la Superintendencia del Mercado de Valores, se recomendó que la mejor forma de impulsar la economía del Perú es con la adopción de un Gobierno Corporativo por parte de las empresas. Haciéndolo, podrán recobrar la confianza en los inversores y brindar certeza sobre los negocios, algo indispensable para el manejo del riesgo empresarial.
El sector privado, a pesar de las dificultades, mostró durante todo el año la fortaleza que lo caracteriza. Las inversiones en el sector minero, por ejemplo, tenían un avance del 74% de la meta anual para el mes de octubre, es decir, acumulaban 4 mil 195 millones de dólares. La economía peruana pudo superar la debacle ocasionada por la pandemia, creciendo un 13,6% en 2021. Mientras que para el 2022 se pronostica un crecimiento del 2.7%, superior a otros países latinoamericanos.
Lo acontecido en Perú es una muestra de que la gestión de riesgos empresariales no puede hacerse a un lado, pues son estos momentos los que ponen a prueba la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los grandes cambios y salir avante de estos.
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